A Rueda/Don Grupeto
El ciclismo de ruta en México se encuentra inmerso en una paradoja tan elegante en el papel como desastrosa en el asfalto. La llegada de Bernardo de la Garza a la dirigencia del máximo organismo rector de este deporte en el país —oficialmente avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI)— prometía cerrar las heridas de años de divisionismo federativo.
Sin embargo, a meses de su imposición institucional, el panorama nacional arroja una cruda realidad: las carreteras están vacías, el calendario permanece congelado y la comunidad ciclista extraña, irónicamente, los tiempos en que la informalidad mantenía vivas las bielas.
La nueva administración debutó con un golpe de autoridad que deslumbró a los entusiastas: la organización del Campeonato Nacional en Ensenada, Baja California, logrando la histórica participación de Isaac del Toro. Ver al doble campeón nacional y actual figura del UAE Team Emirates coronarse en su tierra natal inyectó una dosis de legítimo optimismo. Aquel certamen, certificado con bombo y platillo bajo las estrictas normas UCI, parecía el banderazo de salida hacia una era dorada.
Pero el espejismo duró poco. Tras los reflectores del nacional, la maquinaria se detuvo en seco.
La paradoja del reconocimiento: ¿Se corría más en la disidencia?
Hoy en día, las quejas de entrenadores, mecánicos y corredores resuenan en cada circuito regional. La crítica es unánime y directa: el centralismo burocrático está ahogando la competencia.
En los años más álgidos del conflicto federativo, cuando coexistían dos asociaciones paralelas peleándose el reconocimiento legal, la actividad no cesaba. Aunque carecían del sello oficial suizo de la UCI, el país llegó a albergar dos campeonatos nacionales de manera simultánea. Las ligas estatales y promotores independientes organizaban clásicas, circuitos urbanos y vueltas regionales bajo una premisa estrictamente operativa: la necesidad de competir. Los equipos locales encontraban un flujo constante de eventos para exponer a sus patrocinadores y mantener el ritmo de carrera de sus atletas.
Con la unificación forzada bajo las directrices de la nueva gestión, las reglas del juego cambiaron drásticamente:
Burocracia asfixiante: Las normativas de la UCI exigen estándares de jueceo, avales económicos y licencias internacionales costosas que rebasan la realidad presupuestal de la mayoría de los organizadores locales en México.
Miedo a la sanción: Al existir un único órgano oficial, los equipos y ciclistas viven bajo el temor de competir en eventos independientes o «no avalados», arriesgándose a vetos o sanciones que truncarían la posibilidad de representar a México en el extranjero.
Promesas de escritorio: Aunque la dirigencia ha manifestado públicamente intenciones ambiciosas —como el proyecto de revivir la Vuelta a México para capitalizar el fenómeno mediático de Isaac del Toro—, los planes no han pasado del discurso impreso en los diarios deportivos.
Un ciclista profesional vive de acumular kilómetros de competencia, y los equipos continentales o amateurs se sostienen gracias a las marcas que patrocinan sus uniformes semana a semana. Si no hay carreras, las marcas se retiran, los presupuestos se evaporan y el talento joven se pierde en el anonimato.
De nada sirve colgar un certificado de la UCI en las oficinas de una federación si las bicicletas permanecen colgadas en los talleres. La comunidad ciclista mexicana empieza a comprender que una carrera independiente o «pirata» en el fin de semana aporta mucho más al desarrollo del deportista que el más elegante y reluciente de los reconocimientos internacionales guardado en un cajón. El ciclismo mexicano necesita menos política de pantalón largo y más banderazos de salida.
